Política 101

El pueblo, que esta amedrentado, tiene el derecho a defenderse. No es novedad que los criminales ahora invadan las residencias con fines nefastos, inclusive son capaces de matar por unos cuantos dolares. Existe una ley, proveniente de la Inglaterra medieval, conocida coloquialmente como Castle Doctrine, o mas formalmente Defense of Habitation Law; esta propone que el hogar de un ciudadano es su castillo, su santuario, y este tiene el derecho y deber de defenderlo contra cualquier invasor ILÍCITO. Marco estas palabras para denotar que esta ley es clara y precisa al delinear que solo es vigente contra personas que invaden de forma ilícita la residencia, auto o negocio, esta ley no aplica a oficiales de la ley y orden publico. En adición, esta ley protege al ciudadano de que sea procesado criminalmente por haber defendido su propiedad neutralizando parcial o totalmente al criminal dentro del marco de lo que ley define como auto defensa, y también ofrece protección contra demandas civiles que el criminal o la familia del criminal puedan radicar en caso de que el criminal resultare muerto en el incidente. Esta ley resulta altamente beneficial para el ciudadano común y decente, pues del saque, le dificulta en su totalidad al criminal el intentar atacar una residencia, sabiendo que el dueño de la misma no esta amarrado de brazos para defenderla y que no se podrá valer de la ley para ganar ventaja sobre el mismo.

    La 2nda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, garantiza el derecho de los hombres libres a tener y portar armas. Esto es un tema muy delicado, pero no estamos en un momento para sutilezas. El criminal obtiene sus armas de cualquier forma, y no tiene miedo de utilizarlas, ya que vive del crimen, y tristemente, ese es su oficio. Es irónico que en Puerto Rico, cualquier escoria criminal pueda acceder a un arma de fuego, cuando un ciudadano que esta en todas las de la ley tiene que pasar tantos procesos y tramites para poder poseerlas y mas tramites aun si desea portarla. Estamos claros que no todo el mundo quiere las armas, hemos sido inculcados en una cultura hoplofobica (con phobia o miedo a las armas), aunque curiosamente, los criminales tienen una resistencia natural a la hoplofobia, o al menos eso parece. También entendemos que en el momento que vivimos es difícil liberalizar todas la leyes de armas existentes, ya que la psiquis del pueblo no es la idónea, ya que hemos desvirtuado muchos valores que se requieren a la hora de una persona para poseer armas de fuego. Vivimos en una sociedad donde la gente se presta para "favores" a personas de dudosa reputación, entiéndase criminales. Así se ha visto con personas que han donado sus firmas para que narcohampones puedan obtener los vehículos lujosos que pagan con el sucio dinero producto de destruir vidas y crear cascarones de lo que una vez fueron personas que pudieron ser individuos de gran provecho al País, y ahora vagan como animas en pena en las calles, enfermos con el vicio de la maldita droga. Contra estas ideas inducidas y aceptadas ya por generaciones tenemos que combatir, hay que volver a reeducar al pueblo sobre la honestidad y los valores; no es fácil erradicar lo que culturalmente hemos aceptado por décadas, pero tampoco es imposible. Al final del día, este derecho constitucional solo aplica a ciudadanos que estén en ley, ya que también serán investigados por autoridades federales y locales, y solo a aquellos que deseen optar por ejercer ese derecho. Las medidas regulatorias que si podría imponer el gobierno son membresia compulsoria a un club de tiro, que cada 120 dias bajo una tarifa estándar, toda persona que sea dueño de armas de fuego portables (en este caso pistolas) realicen pruebas de eficiencia y manejo de las mismas, descontando las veces que por cuenta propia vaya a visitar el club. Ya existen los registros de armas, fácilmente accesibles donde cada dueño de arma tiene un perfil con las armas registradas a su nombre; se podría legislar para imponer penas mas severas para aquellos que "extravien", o reclamen como robadas sus armas en situaciones altamente cuestionables. En resumen reglamentos y regulaciones periferales a la posesión y portación de arma, y no sobre la propia tenencia y portación de las mismas.

    Las comunidades tiene que unirse, tomar las medidas necesarias y esbozar planes para evitar y disuadir al criminal. Una comunidad unida es el peor enemigo de un criminal, mas allá de la policía y los tribunales; una comunidad unida y preparada imposibilitan y frustran los intentos del criminal para atacar y hacer daño, desviándolo a otras avenidas de operación, donde son presa fácil de la Policía y las autoridades. No todos pueden acceder a un sistema de alarma (a pesar que con los anos han bajado de precio a sumas relativamente accesibles), pero si pueden como comunidad disponer de mecanismos propios (los mismos miembros) o privados (servicios de seguridad) para lograr estas metas. Referente a la ley de detectives privados y guardias de seguridad de 1965, esta podría ser modificada e investir a los guardias de seguridad con poderes de arresto limitados. Este tipo de acción se ha llevado a cabo en muchos estados de los Estados Unidos con gran éxito (inclusive en algunas jurisdicciones, estos son casi el equivalente a un policía), por supuesto, esto también conlleva una profesionalización del guardia de seguridad; la compañías tendrían que proporcionar un equipo y adiestramiento básico a sus guardias y el Gobierno extender la inmunidad pertinente a los poderes de arresto limitados que estos ostentarían. La industria de la seguridad emplea a miles de ciudadanos honestos, de los cuales muchos podrían ser entrenados sobre los parámetros legales, y servir como una cuerpo auxiliar a la Policía Estatal y Municipal, sobre todo en áreas de alto riesgo donde se necesiten sus servicios. Sin embargo, si la comunidad no puede o no desea costear los servicios ofrecidos por una firma de seguridad privada, con cohesión y espíritu comunitario, pueden aportar los unos con los otros para convertir la suya en un área libre o con niveles de criminalidad bajos.